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¿Quiénes somos?

Ciudadanía Plena es una fundación que tiene como misión la capacitación al ciudadano para el pleno ejercicio de sus derechos y el logro de una mejor calidad de vida.

Apostamos a recuperar el concepto de una ciudadanía plena, de derechos disfrutados en igualdad y plenitud, que fortalezcan nuestro estado de derecho y permita evitar los conflictos sociales que generan la pobreza y la exclusión y nos ayuden a lograr una vida digna para nuestra sociedad.

Esta fundación fue creada en 1997, y no por casualidad en pleno auge de las políticas neoliberales y ante las nefastas consecuencias que provocaban en nuestro país tomamos la decisión de apostar por una Ciudadanía Plena. Todos recordamos ese escenario en el cual se construía un país para unos pocos, mientras que la situación social de una porción creciente de ciudadanos argentinos se iba deteriorando día a día en forma integral. En ese entonces comenzamos a hablar de los excluidos. Excluídos de los derechos humanos más elementales y de los beneficios que gozan otros estratos de la sociedad. La exclusión, en principio, está siempre asociada a la pobreza económica pero no debemos olvidar que la desigualdad, la inequidad y la injusticia son conceptos que aluden al mismo fenónemo.

Es necesario capacitar al ciudadano para ejercer plenamente sus derechos porque sólo quien sabe de la existencia de sus derechos podrá reclamarlos. Todavía hay muchos argentinos, en especial en los sectores vulnerables que aún no han llegado a conocer, comprender, interpretar y mucho menos asumir que sus derechos deben ser reconocidos en un marco de igualdad, de libertad y de justicia

Desde la Fundación Ciudadanía Plena buscamos entender y articular las demandas que atraviesan nuestra sociedad, buscando desde la sociedad civil promover un modelo de desarrollo con inclusión, con énfasis en lo productivo, distributivo y sustentable, dándole la debida importancia a la dignidad de la persona, a la reconstrucción del tejido comunitario y a la familia. Una Ciudadania Plena que avanza hacia una mayor igualdad en materia de acceso, sobre todo, en campos como la educación, la salud, el empleo y la vivienda.

Conforme a un estudio de la CEPAL denominado “La hora de la igualdad” hay brechas por cerrar y caminos por abrir. Pero esa meta no se alcanza automáticamente. La igualdad transforma la dignidad y el bienestar de las personas en un valor fundamental y articula la vida democrática con la justicia social, vincula el acceso y las oportunidades con una ciudadanía efectiva, plena, que fortalece el sentido de pertenencia. Si hacemos un recorrido por la memoria histórica de nuestra región, vemos que la desigualdad recorre 5 siglos de discriminación racial, de género, con ciudadanos de primera y segunda categoría.

La crisis global que se desencadenó a partir del 2008, nos muestra que el futuro reclama un punto de inflexión, ya que el escándalo de las desigualdades que se exacerbaron como nunca con el modelo financierista genera indignación compartida. Para comenzar a hablar de inclusión inevitablemente necesitamos hablar de la Calidad de Vida, o de una Vida Digna.

Es por eso que en el trabajo desarrollado hasta el momento, la fundación ha abordado temáticas en pos de una mejor calidad de vida. Con una mirada desde lo social y la prevención buscamos brindar herramientas, despertar actitudes y habilidades que los ayuden a mejorar, aunque sea en algo, la calidad de vida, en especial de los sectores vulnerables. Porque consideramos que de esa forma contribuimos como sociedad civil a la construcción de nuestra ciudadanía.

Después de largas luchas la humanidad ha aceptado que todos los habitantes tienen derechos sociales. Están consagrados en las Metas del Milenio aprobado por la Asamblea general de la ONU Sin embargo hay una gran distancia entre lo aprobado y las realidades. Los denominados Derechos Sociales surgen a principios del siglo XX en un clima de posguerra y en el contexto del auge del Estado de Bienestar.

En 1966 se firma el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas que incluyen los derechos laborales, derecho a la salud, a la educación y a un nivel de vida adecuado. Argentina lo adopta en 1986.
En el año 2000 a través de la Declaración del Milenio los estados miembros de la ONU renuevan el compromiso y acuerdan una serie de objetivos en la materia contra la pobreza y la desigualdad.

Todos los seres humanos tienen derecho a estándares mínimos de bienestar en razón de su condición de ciudadanos, independientemente de cualquier condición económica, étnica, social o cultural.

Cuando se habla de Derechos Sociales entendemos particularmente los derechos de los últimos, de los excluidos. De los Nadie. De los que no tienen voz.

La lucha por los derechos sociales es un tema abierto y se va a dar en un ámbito local, nacional, global.
Hablar de Derechos Sociales y Ciudadanía Plena remite inmediatamente a la Declaración Universal de Derechos Humanos que es su preámbulo dice:

“la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales de todos los miembros de la familia humana”

Es un compromiso de la ciudadanía estimular los procesos de inserción, integración que deben contemplar objetivos y estrategias.

Según el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) del Comité Económico y Social de Naciones Unidas “un estado en el que un importante número de personas está privado de alimentos esenciales, de una especial atención primaria en salud, está privado del abrigo y vivienda básica o de formas más básicas de enseñanza, no está cumpliendo con sus obligaciones”.

Quienes viven en exclusión han sido privados de esos derechos ¿por qué? Porque no han tenido las herramientas. Al no existir igualdad de condiciones, tienen menos posibilidades u oportunidades porque existe menos información y eso lleva a poseer menos poder para hacer efectivo sus derechos La desigualdad, parafraseando un conocido tango, tiene que ver con “la ñata contra el vidrio”. Con no poder acceder.

En nuestro país, las mejoras socioeconómicas desde el 2001 han sido sustanciales pero aún hay desafíos pendientes. Pensamos que como parte de la sociedad civil tenemos un desafío importante en el acompañamiento y articulación con las acciones de gobierno para lograr políticas públicas que promueven la inclusión, incorporando los derechos sociales, apostando a una Ciudadanía Plena.

La Fundación Ciudadanía Plena está dirigida por un Consejo de Administración integrado de la siguiente forma:

Presidente: Silvia Cristina Ana Zangaro

  • Abogada (Universidad de Buenos Aires)
  • Escribana Titular en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
  • Posgrado en Desarrollo Gerencial (Universidad Católica Argentina)
  • Convencional Constituyente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (1996) – Integrante de las comisiones de Justicia y Organismos de Control.

Secretario: Pablo Gabriel Müller

  • Ingeniero en Sistemas (Universidad Católica Argentina)

Tesorero: Federico Matías Müller

  • Estudiante de Abogacía (Universidad del Museo Social Argentino)
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